Iberian pork barrels: Empty Since 2007?

El Tribunal de Cuentas denuncia que el Gobierno ocultó 12.157 millones de deuda

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1989252/03/10/El-Tribunal-de-Cuentas-denuncia-que-el-Gobierno-oculto-12157-millones-de-deuda.html

Falta de homogeneidad en los estados contables; no presentación de cuentas de entidades, consorcios, fondos, fundaciones y del sector público empresarial; valoración indebida de las participaciones en las sociedades mercantiles del Estado; elaboración inadecuada de los inventarios y no inclusión de deudas no vencidas. Estas son algunas de las irregularidades que el Tribunal de Cuentas ha detectado en la declaración remitida por el Gobierno sobre la ejecución presupuestaria del Estado en el año 2007.

El presidente del Tribunal, Manuel Núñez, presentó en el Congreso el informe del organismo fiscalizador sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a ese ejercicio, en el que refleja que el endeudamiento total de la Administración del Estado al final del año 2007 se elevaba a 338.238 millones de euros, con una ligera disminución del 1,1% respecto al año precedente. No obstante, denuncia que en esta cifra no se ha incluido la deuda no vencida que el Ministerio de Defensa mantenía con la empresa Navantia por 11.594 millones de euros.

Como tampoco se incluyen las deudas que mantiene el Estado con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por 225 millones, con Renfe por 81 millones y con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre por 257 millones. En total son 12.157 millones los que el Gobierno ocultó o dejó de contabilizar.
Anticipos a las autonomías

El informe del Tribunal empieza denunciando que las cuentas "se han confeccionado de forma incompleta", al no haberse integrado en ellas nada menos que las correspondientes a cinco organismos autónomos, tres organismos públicos, cinco consorcios y un fondo carente de personalidad jurídica, además de las cuentas anuales de 24 empresas públicas y las de 12 fundaciones. Un incumplimiento de la Ley General Presupuestaria, ante el que el Tribunal resalta que ha reclamado "formalmente a la Intervención General del Estado y a las propias entidades la remisión de las cuentas no rendidas", sin que haya obtenido respuesta hasta la fecha.

Respecto al activo circulante, en la rúbrica de "otros deudores" figuran, entre otros, pagos pendientes de aplicación por 5.919 millones de euros, entre los que se incluyen los anticipos a las comunidades autónomas a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos. Hecho ante el que el Tribunal objeta que, con independencia del respaldo legal que pudiera amparar este procedimiento contable, "tales anticipos no representan créditos, sino gastos del Estado, cuyo registro como tales, por el retraso en la liquidación definitiva, se desplaza a ejercicios posteriores, lo que afecta, como es natural, a la representatividad de la contabilidad presupuestaria y patrimonial".

En relación a la cuenta de resultados, el informe de fiscalización resalta que la cuenta consolidada del resultado económico patrimonial del sector público administrativo presentó un saldo positivo imputable al ejercicio de 43.342 mi- llones de euros que, teniendo en cuenta las observaciones puestas de manifiesto por el Tribunal, pasaría a ser de 41.115 millones.

La insolvencia financiera de la Junta le obliga a devolver La Breña II al Estado

MANUEL CONTRERAS.
SEVILLA
Actualizado Lunes , 08-03-10 a las 10 : 42

http://www.abcdesevilla.es/20100308/sevilla-nacional-cordoba-cordoba/insolvencia-financiera-junta-obliga-201003072229.html


La Junta de Andalucía negocia con el Ministerio de Medio Ambiente la cesión de la gestión de los pantanos de La Breña II —el segundo más grande de Andalucía— y El Arenoso, al considerar la entidad bancaria que financió parte de las obras que la administración andaluza no ofrece suficientes garantías de pago.
El coste total de las obras de La Breña II ascendía a 201,4 millones de pesetas, de los cuales la mitad se sufragaron con fondos Feder y fondos de la administración y la otra mitad era financiada por los usuarios. El 2 de agosto de 2007 la entidad financiera irlandesa DEPFA Bank suscribió un crédito por 37,7 millones de euros con la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Guadalquivir S.A. (Acuavir) que permitía adelantar parte del dinero de los usuarios, que la administración recuperaría posteriormente mediante el cobro de un canon a los regantes.
En en el momento de la firma del crédito, la cuenca del Guadalquivir era competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, posteriormente la cuenca andaluza fue transferida a la Junta de Andalucía, operación que se hizo efectiva el 1 de enero de 2009. El traspaso de competencias de la CHG a la Junta de Andalucía implicaba la subrogación del citado crédito, pero la entidad bancaria consideró que el índice de riesgo de la Junta de Andalucía es superior al del Estado —en base a las clasificaciones del Banco de España—, por lo que se negó a subrorgarlo y exigió la renegociación del mismo.
Las dudas sobre la solvencia de la Junta de Andalucía fueron expuestas por DEPFA Bank en otoño de 2008, nada más conocer que se había alcanzado un acuerdo en la Comisión de Transferencias sobre la cesión de las cuencas andaluzas a la administración autonómica. Tras la negativa del banco a subrogar el crédito, la Junta intentó en primera instancia que el Estado asumiera el pago del crédito aunque la administración andaluza mantuviera la gestión, a lo que el Ministerio se negó. Posteriormente rastreó el mercado financiero para intentar contratar un crédito puente con otra entidad, pero tampoco tuvo éxito.

Finalmente, Acuavir y la entidad bancaria acordaron desbloquear la situación mediante el traspaso de la titularidad del pantano de La Breña II y El Arenoso a la administración estatal. Así, el pasado mes de septiembre se firmó un protocolo entre DEPFA Bank y Acuavir que incluye como requisito indispensable la entrega por parte de Acuavir a DEPFA Bank de una copia del Real Decreto publicado en el BOE por el que la CHG, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, asumiese la titularidad de ambos embalses, su explotación y los compromisos financieros suscritos para las obras de construcción.

Dicho protocolo fijaba el 15 de diciembre de 2009 como fecha límite para cumplir el acuerdo, incluyendo la publicación en el BOE del Real Decreto, un plazo que no se pudo cumplir, dada la complejidad de la negociación y su posterior tramitación administrativa.

Acuavir planteó recientemente a DEPFA Bank una prórroga para la ejecución del citado protocolo, propuesta que fue aceptada por la entidad bancaria. Aunque el Ministerio confía en un próximo acuerdo con la Junta para recibir la titularidad de los pantanos, la complejidad de la operación pone en peligro la viabilidad de la sociedad estatal.


Forget Greece: Italy derivatives bomb also ticking

(Reuters) - Financial markets are gripped by the role derivatives have played in Greece's debt crisis, but Italy also has a derivatives time bomb, and hundreds of cities are in the 24 billion euro blast zone.

http://www.reuters.com/article/idUSTRE62A2SB20100311

Many local governments eager to cut financing costs for years rushed to sign up for complex derivatives contracts, even when the terms were in English. But some cities, facing big losses when interest rates go up, are now trying to pull out of derivatives and suing the international and local banks that arranged the deals.

In a test case, a judge in Milan will decide in coming weeks whether to try 13 people and four banks -- UBS (UBSN.VX), Deutsche Bank (DBKGn.DE), Germany's Depfa and JPMorgan Chase & Co (JPM.N) -- on aggravated fraud charges. The case stems from a derivatives swap over a 1.68 billion euro ($2.28 billion) 30-year bond, the biggest issued by an Italian city.

Milan, Italy's financial capital, is facing a 100 million euro loss on the deal, city officials say. Milan is also suing the banks for 239 million euros in overall liabilities.

In the southern region of Puglia, prosecutors are seeking to bar Merrill Lynch, a unit of Bank of America Corp (BAC.N), from government contracts for two years. The move stems from derivatives losses from 870 million euros in regional bonds.

JPMorgan, UBS and Deutsche have denied wrongdoing, and Depfa has declined comment. Merrill has not commented.

MAKE THE SWITCH

Almost 500 small and large Italian cities are facing mark-to-market losses of 2.5 billion euros on the contracts, according to the Bank of Italy. Analysts say that figure will balloon when interest rates go up.

Most of the contracts involved switching fixed rates on loans to variable ones with banks.

"With the economic crisis, the problem has been lessened a bit (with lower rates) ... But in fact with a rate rise it becomes an even worse problem," said Fabio Amatucci, an expert on local government finances at Milan's Bocconi University.

The European Central Bank is expected to start hiking rates at the end of this year or early next year.

U.S. and European officials are looking into how U.S. investment bank Goldman Sachs Group Inc (GS.N) may have helped Greece disguise the size of its budget deficit through the use of cross-currency derivatives in 2001.

The Italian deals differ somewhat from the Greek case since the instruments were usually for switching rates on loans, but Italy stands out because of the vast number of cities, regions and public entities -- even a theater association -- that turned to them from 2001 to 2008.

The Bank of Italy put the notional value of derivatives contracts at 24.1 billion euros in June 2009. However, Il Sole 24 Ore business newspaper on Thursday cited Treasury data to put the overall figure at 35.5 billion euros -- a third of local governments' debt -- when wider criteria were used.

Although central bank figures show 467 local governments had derivatives contracts at the end of September, Amatucci believes the real number could be around 3,000 as more deals emerge.

The government banned new contracts in 2008 pending new rules. Economy Minister Giulio Tremonti has said there is "no effect" from derivatives held by local governments.

LOOSEN UP

Local governments rushed into derivatives in part because they helped ease the rigidity of a 2001 law that bars taking on new debt except to finance investment.

But another big draw was the upfront payment many cities got in advance for signing revamped agreements, usually done without a bidding process, analysts said.

Renegotiated deals shoved back payment and costs in a "political manipulation" of signings, said Giampaolo Gialazzo with the Tiche consultancy in Treviso.

Revised deals also carried increasingly restrictive terms and higher costs for municipalities and other local governments.

"Greece did nothing more than get itself money right away and then pay it back slowly. Local administrations in Italy did the same thing," said Massimiliano Palumbaro with CFI Advisors in Pescara.

Pescara, a southern Italian city, itself took out a total of 108 million euros in interest rate swaps and is suing UniCredit SpA (CRDI.MI) and BNL, a unit of France's BNP Paribas (BNPP.PA), over them. UniCredit had no comment, while BNL had no immediate comment.

When rates are low, as they were when many contracts were agreed, local authorities using a variable rate could find their costs shrinking. However, when rates rose, officials would find themselves owing more money.

Milan has argued, as have many other local administrations, that the contracts were murky, carried hidden costs and banks had failed to explain them.

However, a source close to the issue said Milan could not argue that it was ignorant about derivatives since the 2005 swap replaced a contract that had been renegotiated repeatedly.

The city also has wide securities markets experience given its joint control of listed utility A2A (A2.MI), the source said.

With banks putting in place a complex deal that had to be overseen for 30 years with hefty back-office costs, "the city could not expect that the banks were going to take that position for free," said the source.

Despite the court cases, Milan is still interested in derivatives. The city council said on Wednesday it was studying a switch from a variable rate on the contract to a fixed one.